Término de la Fiscalía para Imputar o Archivar

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9th May 2017

Término perentorio para imputar o archivar

La ley procedimental penal dispone un tiempo perentorio de dos años de regla general para IMPUTAR o ARCHIVAR la indagación, que se cuenta a partir de la noticia críminis y no de la fecha de comisión de la conducta. Término que puede ir hasta los tres años en los eventos de concurso de delitos o de que sean tres o más los imputados. Y puede llegar a cinco años cuando se trate de delitos de competencia de los jueces penales especializados. No obstante, no establece la normatividad consecuencia por el incumplimiento de la fiscalía a la norma.

Se requiere prueba nueva para desarchivar

Recuérdese que la IMPUTACIÓN da comienzo a la investigación penal, pero el ARCHIVO conlleva que la investigación no se puede reiniciar sino cuando posteriormente se produce prueba nueva sobre la ocurrencia del hecho o de la responsabilidad penal del investigado. No se habla aquí del término de prescripción, que  es sustancialmente diferente y que se cuenta a partir de la realización de la conducta y que sí daría origen a la preclusión que cerraría para siempre el trámite penal.

Falta de Claridad sobre el término para archivar

Corte Constitucional ha estudiado el problema (C-893 DE 2012), pero ha llegado a conclusiones ambiguas, porque, si bien ha concluido que la norma determina un apremio al fiscal para que adelante su tarea dentro de claros límites cronológicos y un deber para que al vencimiento de esos tiempo haga una evaluación integral del caso y decida el archivo o la imputación, lo cierto es que en las distintas decisiones constitucionales que ha tomado, ha avalado la imputación fuera de tiempo o el no archivo cuando el fiscal haya tenido una diligencia mínima.

El término para archivar no puede interpretarse como ley muerta

No ha señalado una consecuencia que no deje a la norma en letra muerta, y esto pese a que sí ha señalado que si el término no se cumple se viola el proceso en su estructura y el derecho de defensa y que la norma responde al “ejercicio de los derechos y garantías constitucionales en favor de la persona interesada”. Interpretaciones con las cuales ni siquiera la nulidad tendría opción de configurarse o de que se decretase, y que dejan al garete el apremio al fiscal y el respeto a los señalados derechos constitucionales. No es admisible que el esguince a la norma penal lo haga la jurisdicción en la mayoría de los casos o cuando le conviene y en detrimento del sujeto pasivo de la actuación penal.

En materia penal no procede la interpretación desfavorable al procesado

Si se toma en cuenta que donde la ley no distingue no le es dado al intérprete distinguir, mucho menos haciendo interpretación desfavorable al indiciado de la ley penal, el cumplimiento del perentorio término debe ejecutarse sin interpretaciones que violentan la expresa ley. O se imputa “Cuando de los elementos materiales probatorios, evidencia física o de la información legalmente obtenida, se pueda inferir razonablemente que el imputado es autor o partícipe del delito que se investiga”; o se archiva, cuando faltan los elementos suficientes para dicha inferencia razonable al momento del vencimiento del plazo de ley. Caso contrario hay lugar a que se decrete la nulidad que por dicha causal se pida. Los jueces no pueden ser creadores de ley en sus afanes interpretativos.

 

Defendemos lo que aquí expresamos ante los estrados judiciales.

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