El Archivo de la Indagación

TÉRMINO DE LA FISCALÍA PARA IMPUTAR O ARCHIVAR

El artículo 175,  de la Ley 906 de 2004, modificado por el artículo 49 de la Ley 1453 de 2011, dispone los términos que tiene la Fiscalía para imputar o archivar:

“tendrá un término máximo de dos años contados a partir de la recepción de la noticia criminis para formular imputación u ordenar motivadamente el archivo de la indagación. Este término máximo será de tres años cuando se presente concurso de delitos, o cuando sean tres o más los imputados. Cuando se trate de investigaciones por delitos que sean de competencia de los jueces penales del circuito especializado el término máximo será de cinco años”.

Establece, entonces,  un término perentorio para la actividad de indagación de la fiscalía a partir de la noticia criminis, a cuyo vencimiento debe formular imputación o archivar la indagación; pero no establece la norma una consecuencia por su incumplimiento cuando llegada la fecha límite no ha podido la Fiscalía, por la complejidad de la causa o por negligencia, contar con los requisitos que para imputar señala el artículo 287 de la ley 906 de 2004, ni con los del artículo 79 para el archivo.

La Corte Constitucional ha estudiado el problema (C-893 DE 2012), pero ha llegado a conclusiones ambiguas, que dejan el problema casi que como al comienzo, porque, si bien ha concluido que la norma conlleva “apremiar al fiscal a adelantar la indagación dentro de los límites cronológicos allí previstos, someterlo al deber de hacer una evaluación integral del caso una vez acaecido el término, y habilitarlo para el archivo, cuando razonablemente se puede concluir que, a partir de la evidencia disponible, no se puede establecer si los hechos indicados en la noticia criminis existieron o si reúnen los elementos objetivos de algún tipo penal”; lo cierto es que en las distintas decisiones constitucionales que ha tomado, ha dejado el problema en que si la imputación se hace fuera del tiempo ya cumplió su objetivo, que si no se hace, pero tampoco se archiva y hay alguna diligencia fiscal mínima, esta justifica (razonabilidad) que no se cumpla el término, etc. Etc., sin que en ningún momento haya señalado una consecuencia, de la cual se desprenda una realidad práctica que permita al indagado lograr el archivo de la investigación, así este sea temporal en los términos del artículo 79 de la Ley 906 de 2004.

Y esto a pesar de que ha dictado que si el término no se cumple, se “viola el proceso en su estructura, viola el debido proceso, y viola el derecho de defensa en términos oportunos”. Si tales derechos se violan, pero siempre hay una justificación para que no se dicté una de las dos providencias al vencimiento del término, si además no está obligada la fiscalía ha valorar en el límite la posibilidad que exista de completar los elementos para la imputación, la norma se vuelve letra inocente, propia de un sistema judicial que interpreta la mayoría de las veces a favor del Estado, pero no de manera objetiva con rigor objetivo en torno a esos derechos a que se guarde la estructura del proceso, el debido proceso y el derecho de defensa.

Es que, ni la nulidad tendrá así cabida, porque la fiscalía y la víctima jamás estarían interesadas en alegarla, porque la permanencia de la actuación penal las favorece, mientras que, por parte del encartado, la violación de las garantías fundamentales, como causal de nulidad que le resultaría alegable, siempre tendrá una justificante a los ojos de las interpretaciones permisivas al exceso a los límites temporales establecidos por el artículo 175, de cara a lo cual el término que allí se señala devendría en letra muerta.

Entendido que la Corte Constitucional ha precisado que el establecimiento de un plazo es constitucional por “el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales en favor de la persona investigada” (C-412/93), es posible decir que exigiendo la norma la imputación, que tiene un formalismo especial, expreso y que se cumple ante el juez de garantías, o el archivo, por decisión motivada, lo natural sería que en el extremo medio se cumpliese, obligatoriamente, una decisión motivada sobre que no procede aún la imputación, pero que es factible lograr el cumplimiento de los requisitos de la misma en un plazo posterior razonable, atendido el esfuerzo investigativo ya cumplido (si alguno se ha realizado). Esto le daría seriedad a la interpretación de la norma en un sentido que produzca un efecto, que no lo es la posibilidad de que la fiscalía pueda en cualquier momento, incluso al paso de muchos años, antes de la prescripción mínima o de una de mayor tiempo, presentarse como ente diligente, con cualquier actividad mínima, a sostener que está por esa validada la violación del artículo 175 de la Ley 906 de 2004, o porque, teóricamente, la norma ha cumplido con su misión de “apremiar al fiscal a adelantar la indagación dentro de los límites cronológicos allí previstos”, aunque tal apremio no logre un efecto real en el avance oportuno de la indagación.

El transcurso del tiempo, entonces, debe operar el postulado de la norma, para la imputación, el archivo voluntario por el ente fiscal, o el archivo a petición del indagado, en aras de la guarda de la estructura del proceso, del debido proceso o del derecho de defensa oportuno. No debe caber, en ningún caso no motivado expresamente, que la alternativa legal se dicte por fuera de los precisos términos previstos en la disposición en examen. Así se cumpliría, ciertamente, el efecto no teórico señalado por la Honorable Corte Constitucional, de que el artículo 175 “radica en los fiscales el deber de hacer una evaluación integral del caso, al vencimiento del plazo, para tomar una decisión”. No es admisible que el esguince a la norma penal sea, en la mayoría de los casos, o cuando conviene, en detrimento del sujeto pasivo de la actuación penal.

El artículo 287 de la Ley 906 de 2004 dispone que “El fiscal hará la imputación fáctica cuando de los elementos materiales probatorios, evidencia física o de la información legalmente obtenida, se pueda inferir razonablemente que el imputado es autor o partícipe del delito que se investiga”; lo que nos lleva a predicar que, en contrario, cuando por la falta de elementos suficientes para dicha inferencia razonable al momento del vencimiento del plazo del artículo 175, lo que debe proceder es el archivo, si, entonces, se constata, en ese momento del límite final del plazo, “que no existen motivos o circunstancias fácticas que permitan su caracterización como delito, o indiquen su posible existencia como tal”. Sin perjuicio de que en dicha propicia ocasión, esté en curso ya una orden metodológica, en trámite cierto y no desatendida en el tiempo, o que se pueda dictar, en dicha oportunidad, una orden capaz de despejar motivos o circunstancias fácticas en orden a determinar las peculiaridades carentes del delito o para establecer su existencia. De no ser así, el archivo es obligatorio, sin perjuicio de la prueba nueva que permita la reapertura de la indagación, siempre que no se haya extinguido la acción penal.

Caso práctico de lo dicho es el de un denunciante (víctima) contra quien, dos años después de su denuncia, se le imputó una falsedad por uso (se le devolvió la denuncia), sin que se hubiese dado aplicación a la imputación o archivo de la investigación que él había presentado contra sus denunciados (victimarios), investigados por la falsedad, entre otros delitos. Contra esta persona se usó en la imputación el conocimiento que la fiscalía tenía del delito de falsedad y del del falsario, identificado por su cédula de ciudadanía, su cartilla decadactilar de la Registraduría Nacional del Estado Civil, aunque sin su captura o individualización personal, la que nunca ha intentado la Fiscalía, pese a estar dicha actuación al borde la prescripción. Si en este evento se hubiera respetado la imputación o archivo de la investigación primera, con toda seguridad se habría podido determinar, razonablemente, que el imputado no era autor o partícipe tampoco del delito de falsedad por uso; al menos se habría garantizado la estructura del proceso, el debido proceso y el derecho de defensa del denunciante ahora enjuiciado. Es este, tal vez, uno de los eventos casi únicos que permitiría el planteamiento de nulidad por no guardarse el debido proceso y el derecho de defensa oportuno, o la estructura del proceso.

Defendemos lo que aquí expresamos ante los estrados judiciales.