Abogados Penalistas, Abogados de Familia http://www.garciaherreros-abogados.com Penal y Familia Mon, 29 May 2017 12:34:47 +0000 es-ES hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.7.6 El Archivo de la Indagación http://www.garciaherreros-abogados.com/archivo-de-la-indagacion-o-imputacion/ Wed, 10 May 2017 00:49:28 +0000 http://www.garciaherreros-abogados.com/?p=2624 more]]> TÉRMINO DE LA FISCALÍA PARA IMPUTAR O ARCHIVAR

El artículo 175,  de la Ley 906 de 2004, modificado por el artículo 49 de la Ley 1453 de 2011, dispone los términos que tiene la Fiscalía para imputar o archivar:

“tendrá un término máximo de dos años contados a partir de la recepción de la noticia criminis para formular imputación u ordenar motivadamente el archivo de la indagación. Este término máximo será de tres años cuando se presente concurso de delitos, o cuando sean tres o más los imputados. Cuando se trate de investigaciones por delitos que sean de competencia de los jueces penales del circuito especializado el término máximo será de cinco años”.

Establece, entonces,  un término perentorio para la actividad de indagación de la fiscalía a partir de la noticia criminis, a cuyo vencimiento debe formular imputación o archivar la indagación; pero no establece la norma una consecuencia por su incumplimiento cuando llegada la fecha límite no ha podido la Fiscalía, por la complejidad de la causa o por negligencia, contar con los requisitos que para imputar señala el artículo 287 de la ley 906 de 2004, ni con los del artículo 79 para el archivo.

La Corte Constitucional ha estudiado el problema (C-893 DE 2012), pero ha llegado a conclusiones ambiguas, que dejan el problema casi que como al comienzo, porque, si bien ha concluido que la norma conlleva “apremiar al fiscal a adelantar la indagación dentro de los límites cronológicos allí previstos, someterlo al deber de hacer una evaluación integral del caso una vez acaecido el término, y habilitarlo para el archivo, cuando razonablemente se puede concluir que, a partir de la evidencia disponible, no se puede establecer si los hechos indicados en la noticia criminis existieron o si reúnen los elementos objetivos de algún tipo penal”; lo cierto es que en las distintas decisiones constitucionales que ha tomado, ha dejado el problema en que si la imputación se hace fuera del tiempo ya cumplió su objetivo, que si no se hace, pero tampoco se archiva y hay alguna diligencia fiscal mínima, esta justifica (razonabilidad) que no se cumpla el término, etc. Etc., sin que en ningún momento haya señalado una consecuencia, de la cual se desprenda una realidad práctica que permita al indagado lograr el archivo de la investigación, así este sea temporal en los términos del artículo 79 de la Ley 906 de 2004.

Y esto a pesar de que ha dictado que si el término no se cumple, se “viola el proceso en su estructura, viola el debido proceso, y viola el derecho de defensa en términos oportunos”. Si tales derechos se violan, pero siempre hay una justificación para que no se dicté una de las dos providencias al vencimiento del término, si además no está obligada la fiscalía ha valorar en el límite la posibilidad que exista de completar los elementos para la imputación, la norma se vuelve letra inocente, propia de un sistema judicial que interpreta la mayoría de las veces a favor del Estado, pero no de manera objetiva con rigor objetivo en torno a esos derechos a que se guarde la estructura del proceso, el debido proceso y el derecho de defensa.

Es que, ni la nulidad tendrá así cabida, porque la fiscalía y la víctima jamás estarían interesadas en alegarla, porque la permanencia de la actuación penal las favorece, mientras que, por parte del encartado, la violación de las garantías fundamentales, como causal de nulidad que le resultaría alegable, siempre tendrá una justificante a los ojos de las interpretaciones permisivas al exceso a los límites temporales establecidos por el artículo 175, de cara a lo cual el término que allí se señala devendría en letra muerta.

Entendido que la Corte Constitucional ha precisado que el establecimiento de un plazo es constitucional por “el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales en favor de la persona investigada” (C-412/93), es posible decir que exigiendo la norma la imputación, que tiene un formalismo especial, expreso y que se cumple ante el juez de garantías, o el archivo, por decisión motivada, lo natural sería que en el extremo medio se cumpliese, obligatoriamente, una decisión motivada sobre que no procede aún la imputación, pero que es factible lograr el cumplimiento de los requisitos de la misma en un plazo posterior razonable, atendido el esfuerzo investigativo ya cumplido (si alguno se ha realizado). Esto le daría seriedad a la interpretación de la norma en un sentido que produzca un efecto, que no lo es la posibilidad de que la fiscalía pueda en cualquier momento, incluso al paso de muchos años, antes de la prescripción mínima o de una de mayor tiempo, presentarse como ente diligente, con cualquier actividad mínima, a sostener que está por esa validada la violación del artículo 175 de la Ley 906 de 2004, o porque, teóricamente, la norma ha cumplido con su misión de “apremiar al fiscal a adelantar la indagación dentro de los límites cronológicos allí previstos”, aunque tal apremio no logre un efecto real en el avance oportuno de la indagación.

El transcurso del tiempo, entonces, debe operar el postulado de la norma, para la imputación, el archivo voluntario por el ente fiscal, o el archivo a petición del indagado, en aras de la guarda de la estructura del proceso, del debido proceso o del derecho de defensa oportuno. No debe caber, en ningún caso no motivado expresamente, que la alternativa legal se dicte por fuera de los precisos términos previstos en la disposición en examen. Así se cumpliría, ciertamente, el efecto no teórico señalado por la Honorable Corte Constitucional, de que el artículo 175 “radica en los fiscales el deber de hacer una evaluación integral del caso, al vencimiento del plazo, para tomar una decisión”. No es admisible que el esguince a la norma penal sea, en la mayoría de los casos, o cuando conviene, en detrimento del sujeto pasivo de la actuación penal.

El artículo 287 de la Ley 906 de 2004 dispone que “El fiscal hará la imputación fáctica cuando de los elementos materiales probatorios, evidencia física o de la información legalmente obtenida, se pueda inferir razonablemente que el imputado es autor o partícipe del delito que se investiga”; lo que nos lleva a predicar que, en contrario, cuando por la falta de elementos suficientes para dicha inferencia razonable al momento del vencimiento del plazo del artículo 175, lo que debe proceder es el archivo, si, entonces, se constata, en ese momento del límite final del plazo, “que no existen motivos o circunstancias fácticas que permitan su caracterización como delito, o indiquen su posible existencia como tal”. Sin perjuicio de que en dicha propicia ocasión, esté en curso ya una orden metodológica, en trámite cierto y no desatendida en el tiempo, o que se pueda dictar, en dicha oportunidad, una orden capaz de despejar motivos o circunstancias fácticas en orden a determinar las peculiaridades carentes del delito o para establecer su existencia. De no ser así, el archivo es obligatorio, sin perjuicio de la prueba nueva que permita la reapertura de la indagación, siempre que no se haya extinguido la acción penal.

Caso práctico de lo dicho es el de un denunciante (víctima) contra quien, dos años después de su denuncia, se le imputó una falsedad por uso (se le devolvió la denuncia), sin que se hubiese dado aplicación a la imputación o archivo de la investigación que él había presentado contra sus denunciados (victimarios), investigados por la falsedad, entre otros delitos. Contra esta persona se usó en la imputación el conocimiento que la fiscalía tenía del delito de falsedad y del del falsario, identificado por su cédula de ciudadanía, su cartilla decadactilar de la Registraduría Nacional del Estado Civil, aunque sin su captura o individualización personal, la que nunca ha intentado la Fiscalía, pese a estar dicha actuación al borde la prescripción. Si en este evento se hubiera respetado la imputación o archivo de la investigación primera, con toda seguridad se habría podido determinar, razonablemente, que el imputado no era autor o partícipe tampoco del delito de falsedad por uso; al menos se habría garantizado la estructura del proceso, el debido proceso y el derecho de defensa del denunciante ahora enjuiciado. Es este, tal vez, uno de los eventos casi únicos que permitiría el planteamiento de nulidad por no guardarse el debido proceso y el derecho de defensa oportuno, o la estructura del proceso.

Defendemos lo que aquí expresamos ante los estrados judiciales.

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Problema de Coautoría Impropia http://www.garciaherreros-abogados.com/problema-de-coautoria-impropia/ Sat, 06 May 2017 13:05:24 +0000 http://www.garciaherreros-abogados.com/?p=2567 more]]> La Coautoría Impropia de funcionario público y particular

 

En la acusación por COAUTORÍA IMPROPIA, en la que la condición de autor o cómplice no requiere que se tome parte en la totalidad de la  preparación o ejecución del delito, sino que es suficiente que exista UNIDAD DE PROPÓSITO y la participación en cualquiera de los distintos estados sucesivos del fenómeno delictivo, cuando la fiscalía imputa a un particular y a un funcionario público este amplificador legal, para  atribuir un PECULADO, pero luego se produce la ruptura de la unidad procesal, y deja solo al particular, es importante observar bien el descubrimiento de evidencias físicas y elementos materiales de la fiscalía, en orden a establecer si se cumplen frente al particular los elementos del delito de peculado, u otro distinto, ejemplo la estafa. Esto, para preparar con sutileza el argumento de la incongruencia entre imputación, acusación, petición final de la fiscalía y sentencia, o de la no demostración del peculado o falencia de la fiscalía en el rompimiento de la presunción de inocencia, que permita alcanzar una sentencia absolutoria.

“En afilar el hacha roma está la sabiduría” (eclesistés 10.10)

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El Delito Electoral http://www.garciaherreros-abogados.com/el-delito-electoral/ Sat, 07 May 2016 13:00:14 +0000 http://www.garciaherreros-abogados.com/?p=2042 more]]> Mecanismos de participación democrática, delitos

Son varios los delitos que violan el ejercicio de los mecanismos de participación democrática, entre tales están, lo que de manera directa podrían ser controlados con el voto electrónico, tales como el FRAUDULENTO, que consisten en la suplantación o en votar más de una vez; FAVORECIMIENTO DE VOTO FRAUDULENTO, FRAUDE EN INSCRIPCIÓN DE CÉDULAS, ALTERACIÓN DE RESULTADOS ELECTORALES; o el  OCULTAMIENTO, RETENCIÓN Y POSESIONA ILÍCITA DE CÉDULA.

Algunos de los anteriores, se controlarían con el voto electrónico solamente si se suprimiese la necesidad de la cédula física, y bastase la huella biométrica, caso, por ejemplo,  del ocultamiento, retención y posesión ilícita de cédula.

Otros delitos contra el sufragio no se impedirían con el voto electrónico, en principio, ejemplo los de PERTURBACIÓN DE CERTAMEN DEMOCRÁTICO, CONSTREÑIMIENTO AL SUFRAGANTE, FRAUDE AL SUFRAGANTE, CORRUPCIÓN DE SUFRAGANTE, MORA EN LA ENTREGA DE DOCUMENTOS RELACIONADOS CON UNA VOTACIÓN, DENEGACIÓN DE INSCRIPCIÓN. Esto porque son comportamiento anteriores o posteriores al ejercicio del voto mismo, con los cuales se logra la alteración del resultado democrático.

No obstante lo anterior, el poder controlar los primeros delitos haría más transparente el proceso electoral, porque es a través de estos que en la historia de los certámenes democráticos mayormente se ha evidenciado la actividad fraudulenta.

Los que no tienen control directo, sino por la denuncia o la simple inteligencia del Estado, requieren el control de otros factores más complicados.

Para el Registrador Nacional, Juan Carlos Galindo V, por la tecnología que demanda el voto electrónico y su alto costo, no está Colombia cercana a poder implementar el voto electrónico. Esto evidencia que en el país la transparencia democrática está al garete de todas las formas de corrupción, con controles manuales.

 GARCÍA HERREROS ABOGADOS, abogados en Derecho Penal, atendemos los delitos contra los mecanismos de participación democrática.

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Fallece Fernando Soto Aparicio http://www.garciaherreros-abogados.com/fernando-soto-aparicio/ Thu, 05 May 2016 21:56:31 +0000 http://www.garciaherreros-abogados.com/?p=2030 more]]> De la cruda realidad, a la “Rebelión de las Ratas”

De la verdad sobre las clases pobres del país, a la narrativa sobre la vida de estas, en la “Rebelión de las Ratas”, existe la relación que hay entre la realidad y la conciencia de esa realidad.

En el segundo extremo de la relación, para empezar por el aspecto positivo, se nos antoja afortunado que Colombia haya tenido a su hijo FERNANDO SOTO APARICIO,  para que realizara la fotografía moral de la sensible cuestión de las clases pobres colombianas.

Lo desafortunado, no obstante, en el primer extremo, el de la cruda realidad, es que la clase política, la que todos los días se distrae de sus obligaciones, o se roba el erario, se mantiene también vaga a los problemas fundamentales del país, como el de la difícil situación de los niños de la Guajira, a los cuales el Estado, particularmente su INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR, les “permite” que muchos mueran, diariamente, de desnutrición.

Lo más grave de esto es que no se debe a que el país sea pobre, ni mucho menos, sino al amparo que se le otorga a las mafias de la bienestarina y de todos los demás alimentos que deberían llegar a los menores, pero que se les roba, sin que los delincuentes vayan a la cárcel.

Pasaran décadas de una política de estado que no le permite a la infancia su mejor desarrollo físico y mental: ese que solamente puede lograrse con una alimentación nutritiva, suficiente, balanceada.

FERNANDO SOTO APARICIO ha fallecido, sin que su libro hubiera encontrado eco en sociedad artificial y displicente; pero ahí queda su obra, como referente histórico de la realidad de los desposeídos, a la conciencia de esa realidad.

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Los animales no son cosas http://www.garciaherreros-abogados.com/los-animales-cosas/ Sun, 01 May 2016 13:46:28 +0000 http://www.garciaherreros-abogados.com/?p=2016 more]]> Los Animales no son cosas, Expersonero de Bogotá

Ricardo Cañón, Expersonero de Bogotá, demandó por inconstitucional artículos del Código Civil que tratan de cosa e inanimados a los animales.

El Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, reconocido y público taurino, se opone a la declaratoria de inconstitucionalidad, y afirma que “los seres humanos y los animales tienen también categorías jurídicas dentro de la Constitución”.

El Procurador afecta no darse cuenta que la discusión no es la categoría humana de los animales “irracionales”, sino su cosificación.

También se distrae en la idea de falencias de forma de la demanda, y contraría, de esta manera, el mandato constitucional que en las actuaciones de la cosa pública debe prevalecer el derecho sustancial (228, CN).

Y, en lo de fondo, incurre en error al argumentar que pueden ser tratados como inanimados, por oposición a los vivientes, contra su propia esencia, quienes, en su condición de irracionales, son seres orgánicos que viven, sienten y se mueven por propio impulso (DRAE).

Y esto lo hace para defender la calificación de cosas, a los animales, que les hacen los artículos 655 y 658 del Código Civil, a ultranza de que la Ley 1774 de enero 6 de 2016 se dispone un Parágrafo al artículo 655, que “reconoce la calidad de seres sintientes a los animales”.

Como abogado, incurre el Procurador Ordoñez en un “dialectica”, que no logra, por prejuicios, encontrarse con la realidad transcendental de los animales.

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Reconstrucción de Expedientes http://www.garciaherreros-abogados.com/reconstruccion-de-expedientes/ Wed, 18 Mar 2015 04:36:54 +0000 http://www.garciaherreros-abogados.com/?p=1704 Pérdida de Audios en el Sistema Penal more]]> INTEGRACIÓN LEGAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE EXPEDIENTES

Importante debate suscita el artículo 25 de la Ley 906 de 2004, a cuyo tenor las materias que en este no estén expresamente reguladas se rigen por otros ordenamientos, en cuanto no se opongan a la naturaleza del procedimiento penal oral:

“Artículo 25.Integración. En materias que no estén expresamente reguladas en este código o demás disposiciones complementarias, son aplicables las del Código de Procedimiento Civil y las de otros ordenamientos procesales cuando no se opongan a la naturaleza del procedimiento penal”.

Para dar solución al problema, es necesario tener en cuenta que la Ley 600 de 2000 no fue derogada, sino que ha coexistido con la Ley 906 de 2004, porque así lo quiso el Legislador y en la medida en que el ingreso de este se realizó gradualmente entre el 2005 y el 2008.

En este entendido, para decirlo de manera sencilla, la Ley 600 de 2000 constituye uno de esos “otros ordenamiento procesales” que de acuerdo con el artículo 25 mencionado integran las normas de la Ley 906 de 2004, en tanto no sean incompatibles con este nuevo ordenamiento.

Son propensos algunos jueces a volver a realizar el trámite, como nuevo, pero esto genera  nulidades porque la eventual variación en la nueva situación de lo anteriormente actuado dejaría en vigencia dos actuaciones contradictorias o podría llegarse al evento de que un recurso de apelación se  decidiese por la misma instancia por el mecanismo de replantear la actuación.

Así lo reconoce la jurisprudencia de las Altas Cortes, que lo definen aplicable en cuestiones relacionadas, por ejemplo, con los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad, no sujetos al principio oral, y, particularmente,  en lo que atañe con la reconstrucción de los expedientes, porque este tema está vacío en el nuevo procedimiento penal, y ciertamente no tiene razón de ser que se sujete al procedimiento oral.

Es el caso que todas las actuaciones pre procesales y procesales bajo la Ley 906 de 2004 se rigen por el procedimiento oral, y que deben registrarse mediante un sistema técnico idóneo (Art. 146, Ley 906 de 2004), esto es audio videos, o uno de estos,  para los efectos de los recursos, no a manera de permanencia de la prueba en un sistema que es de inmediación y concentración de la prueba.

Cuando por accidente (falla del sistema o error en su manipulación) se pierde la memoria técnica y no se le puede dar trámite a un recurso, es necesario reconstruir la actuación, pero nunca anularla para reemplazarla, porque esa actuación, sin registro,  mantiene su plena vigencia y la consecuente producción de sus efectos. Mucho menos se puede simplemente desconocer lo actuado para “rehacerlo” duplicándolo.

Es lo mismo que sucede si se ha decretado una medida de aseguramiento en decisión oral contra la cual se ha interpuesto recurso de apelación por la defensa del implicado, porque, fallido el registro de aquella por falencias en el medio técnico, jamás podrá alegarse que la detención deviene ilegal, porque allí está vigente, con la plenitud de sus efectos jurídicos (Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, T-44375, M. P. Alfredo Gómez Quintero, de 15 de octubre de 2009).

Al respecto ha dicho la C. S. de J. en la decisión mencionada:

“La Ley 906 de 2004 no prevé el mecanismo de la reconstrucción de expedientes, por lo que, como en otros asuntos, continúa vigente lo previsto en la Ley 600 de 2000 al respecto, normatividad que dedica los artículos 155 y siguientes a señalar el trámite para tal actividad; quedando claro, en cualquier caso, que la pérdida del expediente no convierte en ilegal la privación de la libertad, con tal nivel de precisión que en el artículo 160 se contempla un término para conceder la libertad de quien está privado en desarrollo de un proceso que debe ser reconstruido”.

De acuerdo con dicho  artículo 155 de la Ley 600 de 2000, “las piezas procesales recogidas en soportes lógicos serán reproducidas y así se hará constar por el servidor judicial”, lo que nos lleva de la mano a que la audiencia oral respectiva se reconstruirá, para recomponerla, pero nunca para sustituirla por otra, a no ser que no fuere posible la reconstrucción, porque entonces deberá darse aplicación al artículo Artículo 158 de la Ley 600 de 2004, a cuyo tenor Los procesos que no pudieren ser reconstruidos en su totalidad deberán ser reiniciados o continuados, según el caso, oficiosamente o a petición de alguno de los sujetos procesales”. El ABOGADO PENALISTA debe estar atento a estas situaciones, máxime cuando la alteración del procedimiento vulnere las garantías sustanciales. 

 

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Muestras Corporales del Imputado, obtención http://www.garciaherreros-abogados.com/obtencion-de-muestras-corporales-del-imputado/ Tue, 17 Mar 2015 12:33:42 +0000 http://www.garciaherreros-abogados.com/?p=1672 La Toma de muestras corporales en la Ley 906 de 2004 debe controvertirse ante el Juez de Garantías para garantía de los derechos fundamentales de los imputados. more]]> La Negativa a Suministrar Muestras – Derecho constitucional.

 

El artículo 249 de la Ley 906 de 2004 dispone en las investigaciones judiciales la posibilidad de “obtención de muestras para examen grafotécnico, cotejo de fluidos corporales, identificación de voz, impresión dental y de pisadas“.

Se discutió la constitucionalidad de la norma, por demanda de inconstitucionalidad en la que se señalaron violaciones en la norma a garantías constitucionales derivadas de las muestras obligadas, entre estos al derecho  a guardar silencio, a no autoincriminarse; a la presunción de inocencia, con arraigo constitucional y supra constitucional en el artículo 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; o porque resulta contrario a los derechos a la dignidad humana, a no ser sometido a tratos crueles, inhumanos o degradantes y a la intimidad.

La Corte Constitucional ha respondido que “la potestad de configuración del legislador en materia penal, es una competencia amplia pero limitada por las normas constitucionales, en especial por “los principios de razonabilidad y proporcionalidad que han de respetarse al limitar los derechos,” a fin de que las restricciones a los derechos que prevea el legislador en ejercicio de dicha potestad no resulten arbitrarias” (C-822 de 2005, MP. Manuel José Cepeda Espinosa, agosto 10 de 2005).

Concluyó la constitucionalidad, siempre que exista autorización previa del juez de control de garantías (no por orden del Fiscal), pero supeditándolo, igualmente, a principios de necesidad, idoneidad a los fines de la investigación, urgencia, razonabilidad y proporcionalidad, y a que se tengan en cuenta los requerimientos legales para la práctica de la intervención sobre el cuerpo de las personas con respecto a su dignidad y sin someterla a tratos crueles o degradantes.

En ese entendido, es claro que otorgar el imputado el consentimiento no es  en principio la mejor alternativa, en la estrategia de la defensa, porque se obvia la discusión sobre tales aspectos fundamentales, que es mejor decantarlos ante el juez de garantías en función de lo que la fiscalía pretende al recoger la muestra como elemento material probatorio o evidencia física.

La Fiscalía y los funcionarios del C.T.I. en la mayoría de las oportunidades citan con carácter perentorio a los indiciados o imputados, a quienes a veces ni se les advierte de sus derechos ya mencionados, por lo cual se sienten obligados per se a someterse a la toma de muestras, que después pueden ser usadas en su contra; lo que es una práctica de alguna manera intimidante. Por esto, la defensa debe estar desde el principio al lado de la persona involucrada en la actuación penal.

 

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Nulidades en el Sistema Acusatorio http://www.garciaherreros-abogados.com/nulidades-en-el-sistema-acusatorio/ Sat, 28 Feb 2015 13:06:47 +0000 http://www.garciaherreros-abogados.com/?p=1646 ¡OBSERVE APARTES DE JURISPRUDENCIA DE LA C. S. de J. sobre los principios que deben estructurarse para la declaratoria de las nulidades>/strong> more]]> Nulidades Penales – Principios

Abogado Penal de cara a las nulidades procesales

Muchas son las deficiencias que pueden presentarse en los procesos penales, y que pueden determinar su suerte.

El Abogado Penal debe estar atento a la ocurrencia de vicios en la actuación penal, que menoscaben las garantías sustanciales de su representado por violación del debido proceso y el derecho de defensa, para que pueda plantear la nulidad, a fin de que se corrija la actuación para garantizar el sagrado derecho a la defensa y una actividad procesal que le permita cumplirla plenamente.

Haga click aquí para que observe apartes de una jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, sobre los principios que orientan la declaratoria de las nulidades, que de no darse, pues impiden que se retrotraiga la actuación y se mantenga el vicio camuflado  en la imposibilidad formal de corregirlo.

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Lavado de Activos, presunción de inocencia http://www.garciaherreros-abogados.com/abogados-penales-lavado-de-activos/ Sun, 08 Feb 2015 17:30:41 +0000 http://www.garciaherreros-abogados.com/?p=1582 La Presunción de Inocencia aplica, incluso, en los eventos en que se oculta o encubre la procedencia de los activos señalados de ilícitos more]]> Presunción de Inocencia y Lavado de Activos

Ha sostenido la Corte Suprema de Justicia que en el Lavado de Activos, en que el supuesto tenedor de bienes “ejecuta (la) mera actividad (aparentar la legalidad del activo) y oculta su origen e inclina su actividad al éxito de ese engaño, orienta su conducta a legalizar la tenencia del activo, es claro que incurre en la conducta punible porque su comportamiento se concreta en dar a los bienes provenientes o destinados a esas actividades apariencia de legalidad; es decir, encubre la verdadera naturaleza ilícita del producto”.

De otra parte, es consistente el mismo Ente Judicial en señalar que:

La presunción de inocencia es una garantía integrante del derecho fundamental al debido proceso reconocida en el artículo 29 de la Constitución, al tenor del cual “toda persona se presume inocente mientras no se le haya declarado judicialmente culpable”. Los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia –que hacen parte del bloque de constitucionalidad en virtud del artículo 93 de la Constitución- contienen dicha garantía en términos similares. Así, la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece en su artículo 8 que “toda persona inculpada del delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad”. Y, a su turno, el artículo 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos prescribe que “toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley”. Como se deriva de las normas transcritas, la presunción de inocencia acompaña a la persona investigada por un delito “hasta el fallo o veredicto definitivo y firme de culpabilidad”[1].

Pues bien, creemos que en el evento señalado respecto del Lavado de Activos, “la mera actividad” de no señalar la procedencia de los activos cuestionados no puede determinar la conclusión de la existencia de esta conducta punible, porque conllevaría la violación del principio de la presunción de inocencia.

Ello es así, primero, porque el tipo penal no se refiere a esa mera actividad que señala la Corte Suprema de Justicia, sino a unas conductas claras y expresas, en todo caso relacionadas con orígenes ilícitos concretos: “en actividades de tráfico de migrantes, trata de personas, extorsión, enriquecimiento ilícito, secuestro extorsivo, rebelión, tráfico de armas, tráfico de menores de edad, financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias sicotrópicas, delitos contra el sistema financiero, delitos contra la administración pública, o vinculados con el producto de delitos ejecutados bajo concierto para delinquir”. Segundo, porque en el aparte normativo de las ocultaciones o encubrimientos de “la verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o derecho sobre tales bienes o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito”, es expresa la remisión a “los bienes provenientes de dichas actividades” (arriba mencionadas).

Y así el estado de las cosas, mal puede decirse que esa “mera actividad” que refiere el Alto Tribunal,  sea suficiente para tener por probada la adquisición de los activos por las conductas punibles descritas en la norma, porque bien pueden darse otros escenarios posibles de adquisición ilegal, pero que no se enmarcan en el tipo que nos ocupa, tales por ejemplo las infracciones aduaneras, tributarias, etc.

De manera que, para poderse deducir “con legitimidad” que se trata de un Lavado de Activos, es al Ente Estatal (Fiscalía) a quien le corresponde desvirtuar plenamente la presunción de inocencia, demostrando, mas allá de toda duda razonable, que los bienes provienen de esos específicos delitos, que de manera específica se les ha querido dar apariencia de legalidad,  legalizándoselos por cualquier medio, o que ciertamente se han ocultado o encubierto en tanto al sujeto pasivo de la acción penal se le ha podido imputar, acusar o condenar, o se le ha podido señalar  en la actuación penal por lavado de activos actividad que en principio tiene adecuación típica en uno de los delitos origen de la tenencia de activos no justificados.

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Delito de Inasistencia Alimentaria http://www.garciaherreros-abogados.com/delito-de-inasistencia-alimentaria/ Wed, 04 Feb 2015 21:46:33 +0000 http://www.garciaherreros-abogados.com/?p=1548 more]]> Gravedad del Delito de Inasistencia Alimentaria

El Artículo 233 del Código Penal consagra para la Inasistencia Alimentaria pena que va de “dieciséis (16) a cincuenta y cuatro (54) meses y multa de trece punto treinta y tres (13.33) a treinta (30) salarios mínimos legales mensuales vigentes”, de manera general; pero, en los eventos en que la víctima sea menor de edad, esta pena se aumenta a la pena de prisión  “de treinta y dos (32) a setenta y dos (72) meses y multa de veinte (20) a treinta y siete punto cinco (37.5) salarios mínimos legales mensuales vigentes cuando la inasistencia alimentaria se cometa contra un menor”.

Adicionalmente,  “pena señalada en el artículo anterior se aumentará hasta en una tercera parte si el obligado, con el propósito de sustraerse a la prestación alimentaria, fraudulentamente oculta, disminuye o grava su renta o patrimonio”.

Es evidente la gravedad de la conducta, que hoy, por efectos de la Ley 1542 de 2012, que reformó el Código de Procedimiento Penal en cuanto a las conductas de Violencia Intrafamiliar  Inasistencia Alimentaria, le quito a estos punibles el carácter de querellables, con lo cual a partir de su vigencia la conducta es perseguible de oficio  o por denuncia de cualesquiera persona, y por lo tanto no es delito desistible.

Así, salvo los accidentes de la actuación penal, en principio va hasta su finalización (con absolución o condena) en los eventos que se mencionan. Es importante destacar que antes de la reforma la inasistencia alimentaria contra menor de edad podía ser desistida o terminada por conciliación, de acuerdo con el artículo 71 del Código Penal, que se refiere a los delitos querellables; pero ahora no, porque dejaron de ser tales.

No obstante, de acuerdo con el Código Penal, aplica el Principio de Oportunidad, que en cuanto a competencia le corresponde al Fiscal General, por el quántum máximo de la pena.

Es un delito que requiere de un afinado manejo profesional. Véase interpretación complementaria aquí.

 

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