Muestras Corporales del Imputado, obtención

Toma de muestras al imputado

La Negativa a Suministrar Muestras – Derecho constitucional.

 

El artículo 249 de la Ley 906 de 2004 dispone en las investigaciones judiciales la posibilidad de “obtención de muestras para examen grafotécnico, cotejo de fluidos corporales, identificación de voz, impresión dental y de pisadas“.

Se discutió la constitucionalidad de la norma, por demanda de inconstitucionalidad en la que se señalaron violaciones en la norma a garantías constitucionales derivadas de las muestras obligadas, entre estos al derecho  a guardar silencio, a no autoincriminarse; a la presunción de inocencia, con arraigo constitucional y supra constitucional en el artículo 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; o porque resulta contrario a los derechos a la dignidad humana, a no ser sometido a tratos crueles, inhumanos o degradantes y a la intimidad.

La Corte Constitucional ha respondido que “la potestad de configuración del legislador en materia penal, es una competencia amplia pero limitada por las normas constitucionales, en especial por “los principios de razonabilidad y proporcionalidad que han de respetarse al limitar los derechos,” a fin de que las restricciones a los derechos que prevea el legislador en ejercicio de dicha potestad no resulten arbitrarias” (C-822 de 2005, MP. Manuel José Cepeda Espinosa, agosto 10 de 2005).

Concluyó la constitucionalidad, siempre que exista autorización previa del juez de control de garantías (no por orden del Fiscal), pero supeditándolo, igualmente, a principios de necesidad, idoneidad a los fines de la investigación, urgencia, razonabilidad y proporcionalidad, y a que se tengan en cuenta los requerimientos legales para la práctica de la intervención sobre el cuerpo de las personas con respecto a su dignidad y sin someterla a tratos crueles o degradantes.

En ese entendido, es claro que otorgar el imputado el consentimiento no es  en principio la mejor alternativa, en la estrategia de la defensa, porque se obvia la discusión sobre tales aspectos fundamentales, que es mejor decantarlos ante el juez de garantías en función de lo que la fiscalía pretende al recoger la muestra como elemento material probatorio o evidencia física.

La Fiscalía y los funcionarios del C.T.I. en la mayoría de las oportunidades citan con carácter perentorio a los indiciados o imputados, a quienes a veces ni se les advierte de sus derechos ya mencionados, por lo cual se sienten obligados per se a someterse a la toma de muestras, que después pueden ser usadas en su contra; lo que es una práctica de alguna manera intimidante. Por esto, la defensa debe estar desde el principio al lado de la persona involucrada en la actuación penal.