Reconstrucción de Expedientes

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17th Mar 2015

Reconstrucción de expedientes

INTEGRACIÓN LEGAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE EXPEDIENTES

Importante debate suscita el artículo 25 de la Ley 906 de 2004, a cuyo tenor las materias que en este no estén expresamente reguladas se rigen por otros ordenamientos, en cuanto no se opongan a la naturaleza del procedimiento penal oral:

“Artículo 25.Integración. En materias que no estén expresamente reguladas en este código o demás disposiciones complementarias, son aplicables las del Código de Procedimiento Civil y las de otros ordenamientos procesales cuando no se opongan a la naturaleza del procedimiento penal”.

Para dar solución al problema, es necesario tener en cuenta que la Ley 600 de 2000 no fue derogada, sino que ha coexistido con la Ley 906 de 2004, porque así lo quiso el Legislador y en la medida en que el ingreso de este se realizó gradualmente entre el 2005 y el 2008.

En este entendido, para decirlo de manera sencilla, la Ley 600 de 2000 constituye uno de esos “otros ordenamiento procesales” que de acuerdo con el artículo 25 mencionado integran las normas de la Ley 906 de 2004, en tanto no sean incompatibles con este nuevo ordenamiento.

Son propensos algunos jueces a volver a realizar el trámite, como nuevo, pero esto genera  nulidades porque la eventual variación en la nueva situación de lo anteriormente actuado dejaría en vigencia dos actuaciones contradictorias o podría llegarse al evento de que un recurso de apelación se  decidiese por la misma instancia por el mecanismo de replantear la actuación.

Así lo reconoce la jurisprudencia de las Altas Cortes, que lo definen aplicable en cuestiones relacionadas, por ejemplo, con los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad, no sujetos al principio oral, y, particularmente,  en lo que atañe con la reconstrucción de los expedientes, porque este tema está vacío en el nuevo procedimiento penal, y ciertamente no tiene razón de ser que se sujete al procedimiento oral.

Es el caso que todas las actuaciones pre procesales y procesales bajo la Ley 906 de 2004 se rigen por el procedimiento oral, y que deben registrarse mediante un sistema técnico idóneo (Art. 146, Ley 906 de 2004), esto es audio videos, o uno de estos,  para los efectos de los recursos, no a manera de permanencia de la prueba en un sistema que es de inmediación y concentración de la prueba.

Cuando por accidente (falla del sistema o error en su manipulación) se pierde la memoria técnica y no se le puede dar trámite a un recurso, es necesario reconstruir la actuación, pero nunca anularla para reemplazarla, porque esa actuación, sin registro,  mantiene su plena vigencia y la consecuente producción de sus efectos. Mucho menos se puede simplemente desconocer lo actuado para “rehacerlo” duplicándolo.

Es lo mismo que sucede si se ha decretado una medida de aseguramiento en decisión oral contra la cual se ha interpuesto recurso de apelación por la defensa del implicado, porque, fallido el registro de aquella por falencias en el medio técnico, jamás podrá alegarse que la detención deviene ilegal, porque allí está vigente, con la plenitud de sus efectos jurídicos (Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, T-44375, M. P. Alfredo Gómez Quintero, de 15 de octubre de 2009).

Al respecto ha dicho la C. S. de J. en la decisión mencionada:

“La Ley 906 de 2004 no prevé el mecanismo de la reconstrucción de expedientes, por lo que, como en otros asuntos, continúa vigente lo previsto en la Ley 600 de 2000 al respecto, normatividad que dedica los artículos 155 y siguientes a señalar el trámite para tal actividad; quedando claro, en cualquier caso, que la pérdida del expediente no convierte en ilegal la privación de la libertad, con tal nivel de precisión que en el artículo 160 se contempla un término para conceder la libertad de quien está privado en desarrollo de un proceso que debe ser reconstruido”.

De acuerdo con dicho  artículo 155 de la Ley 600 de 2000, “las piezas procesales recogidas en soportes lógicos serán reproducidas y así se hará constar por el servidor judicial”, lo que nos lleva de la mano a que la audiencia oral respectiva se reconstruirá, para recomponerla, pero nunca para sustituirla por otra, a no ser que no fuere posible la reconstrucción, porque entonces deberá darse aplicación al artículo Artículo 158 de la Ley 600 de 2004, a cuyo tenor Los procesos que no pudieren ser reconstruidos en su totalidad deberán ser reiniciados o continuados, según el caso, oficiosamente o a petición de alguno de los sujetos procesales”. El ABOGADO PENALISTA debe estar atento a estas situaciones, máxime cuando la alteración del procedimiento vulnere las garantías sustanciales. 

 

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